San Luis convocará a elección especial para decidir posible venta del Centro de Detención

Lucy López.
San Luis, Arizona.
En la sesión ordinaria celebrada por el concilio de San Luis el miércoles 28 de mayo, los ediles aprobaron la Resolución No. 2362, la cual convoca a una elección especial para el próximo 4 de noviembre de 2025. El objetivo de dicha consulta ciudadana será determinar si se autoriza la venta del terreno y las instalaciones del Centro Regional de Detención y Apoyo de San Luis, propiedad de la San Luis Facility Development Corporation (SLFDC).
La votación se aprobó con cinco votos a favor y uno en contra, emitido por el vicealcalde Tadeo de la Hoya.
La SLFDC es una corporación sin fines de lucro creada por la ciudad en 2005 con el objetivo de financiar y administrar proyectos que impulsen el desarrollo económico. Su único proyecto ha sido el centro de detención, cuya construcción y expansión fue posible gracias a la emisión de bonos respaldados por contratos con agencias federales para alojar a personas detenidas.
La resolución aprobada no implica la venta inmediata del centro, sino que busca cumplir con el requisito legal del estado de Arizona que exige una autorización por parte de los votantes para vender bienes inmuebles de valor igual o superior a $15 millones de dólares. Según explicó la abogada de la ciudad, Kay Macuil, si la ciudadanía aprueba la medida, se abriría el camino para llevar a cabo una licitación pública. Actualmente, la deuda pendiente por los bonos emitidos para el centro es de aproximadamente $24.6 millones de dólares.
“Este paso es únicamente para obtener el permiso de los votantes; no representa la venta ni la transferencia de la propiedad”, recalcó Glenn Gimbut, abogado consultor, durante la sesión.
Macuil también informó que desde hace tres años la Ciudad no ha recibido ingresos por el uso del centro de detención. La directora de Finanzas, Roula Encinas, confirmó esta situación.
Algunos miembros del concejo, como el concejal Esteban Rosales, cuestionaron si la venta representaría algún tipo de ganancia para la ciudad. Sin embargo, Macuil advirtió que aún es pronto para saberlo, dado que los bonos siguen vigentes y el proceso está bajo supervisión judicial en un periodo de prórroga de pago.
La alcaldesa Nieves Riedel y otros concejales expresaron su preocupación sobre el futuro del centro, especialmente en el contexto político y migratorio actual.
“Mi opinión personal es que, con las políticas migratorias que permiten detenciones y deportaciones inmediatas, estas instalaciones están dejando de ser una inversión segura. Muchos tenedores de bonos prefieren asumir pérdidas ahora antes de que la situación empeore”, comentó la alcaldesa.
Si los votantes aprueban la venta en noviembre, la ciudad tendrá un plazo de tres años, hasta el 20 de noviembre de 2028, para concretarla.
Los ciudadanos que deseen presentar argumentos a favor o en contra de la venta tienen hasta el 6 de agosto de 2025 para hacerlo. El registro para la votación anticipada abrirá el 8 de octubre y cerrará el 31 del mismo mes.