Lucy López.
San Luis, Arizona.
El proyecto de ampliación parcial en la Avenida 10 provocó un tenso debate entre los miembros del Concilio de San Luis, quienes cuestionaron el uso de fondos públicos en una obra que, según un acuerdo firmado en 2001, debería estar a cargo de Riedel Construction, empresa de la alcaldesa Nieves Riedel, quien se declaró en conflicto de interés en este punto de la agenda.
Durante la sesión ordinaria del 28 de mayo, el director de Obras Públicas, Eulogio Vera, presentó una propuesta para contratar a la firma Gutierrez Canales Engineering por un monto de $285,343.33 dólares, con el objetivo de ampliar parcialmente la vialidad entre el bulevar César Chávez y la calle County 22. La propuesta contempla añadir un carril para que la vialidad tenga un carril de vuelta.
Sin embargo, el concejal Luis Cabrera puso en duda la necesidad de que la ciudad cubra esos gastos, citando un acuerdo de desarrollo firmado en 2001 entre la Ciudad de San Luis y Riedel Construction que estipula que el desarrollador es responsable de construir la mitad este de la Avenida 10. Cabrera mostró el documento durante la sesión y pidió que se honre el acuerdo.
Expuso que dicho acuerdo establece que el desarrollador se compromete a construir y completar la mitad este del ancho de la 10.ª Avenida, desde la calle County 22 hasta el bulevar Juan Sánchez (actualmente César Chávez), conforme a los estándares de la Ciudad para arterias menores, una vez que esta asegure el derecho de paso correspondiente.
Vera corroboró la existencia de ese acuerdo y señaló: “Eso se está revisando para ver si se puede hacer cumplir. Esta solución que proponemos es temporal, solo para mejorar la circulación e incrementar la seguridad en la Avenida 10. No sabemos cuánto tomará llegar a una resolución sobre si ese acuerdo es exigible legalmente”.
Ante la pregunta del vicealcalde Tadeo De la Hoya sobre por qué no se ha avanzado en hacer cumplir el acuerdo, Vera indicó no poder responder, pero explicó que ha solicitado desde hace tiempo información a la Oficina de Administración de Tierras (BLM, por sus siglas en inglés) para saber si se puede construir sobre un derecho de vía de 33 pies que BLM otorgó a la ciudad. La respuesta llegó apenas hace cinco semanas. “En el último mes recibimos comunicación y documentos del Bureau of Reclamation sobre cómo ejercer el derecho de construir en ese derecho de vía”, detalló.
“Sé que han pasado muchos años desde que se firmó, pero me parece extraño que la ciudad tenga que usar dinero de los contribuyentes para un proyecto que debería pagar el desarrollador”, expresó Cabrera.
La concejal María Cecilia Cruz fue más directa: “No creo que la ciudad deba pagar ni un centavo. Esa calle es su responsabilidad, y lo dice el documento que tengo aquí”.
La concejal Lizeth Servin señaló que, según cálculos informales, completar el proyecto costaría entre 1.5 y 2 millones de dólares, y agregó que usar dinero público en una obra temporal representa un gasto ineficiente.
El vicealcalde De la Hoya expresó su frustración por el manejo del tema, señalando que fue añadido a la agenda con apenas 24 horas de anticipación, lo que dificultó un análisis a fondo.
Finalmente, el Concilio aprobó posponer la decisión y continuar el tema en una futura sesión, a la espera de mayor claridad legal sobre la exigibilidad del acuerdo de desarrollo.
Por su parte, la alcaldesa Nieves Riedel subrayó que ni Riedel Construction, ni Riedel Holdings, ni ella, le deben dinero a la ciudad.
La administradora interina Jenny Torres informó que personal de la ciudad está revisando el acuerdo de desarrollo firmado en 2001 para estimar su validez legal. “Si es válido, tenemos que ver cómo hacerlo cumplir. Estamos trabajando en eso y proponiendo realizar una junta ejecutiva para el 18 de junio, con el fin de dar al Concilio toda la información necesaria para que nos dé dirección sobre cómo proceder. Ahorita estamos en la parte de investigación, revisando los contratos, agendas, correos… para entender qué pasó y poder darles una recomendación al Concilio”, explicó.