Lucy López.
San Luis, Arizona.
La administradora de la Ciudad de San Luis Jenny Torres confirmó esta semana la recepción de la demanda de la Iglesia Bautista Gethsemani por supuestos bloqueos a la distribución de alimentos, pero por instrucción de los abogados están imposibilitados para hacer comentarios.
A través de un comunicado de prensa del 19 de marzo, el Instituto First Liberty de Texas y el bufete de abogados Snell and Wilmer L.L.P. de Phoenix, dieron a conocer que presentaron una queja y una moción de medida cautelar preliminar en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Arizona, instando al tribunal a detener a la Ciudad de San Luis de bloquear a la Iglesia Bautista Getsemaní de distribuir alimentos.
Señalan que la demanda surge en respuesta a que la Ciudad obligó al Ministerio de Gethsemani a cerrar en diciembre por primera vez desde su fundación en 1999. “Es inconcebible que la Ciudad de San Luis no permita que la Iglesia Bautista Getsemaní continúe su misión de 25 años de proporcionar alimentos a los hambrientos y personas necesitadas en las comunidades circundantes”, dijo Jeremy Dys, consejero principal de First Liberty Institute. “Las personas que actúan para cuidar a los hambrientos deberían ser alentadas y afirmadas, no amenazadas y multadas”.
La disputa entre la Ciudad de San Luis y la Iglesia Bautista Gethsemani a cargo del Pastor Manuel Castro, viene desarrollándose desde hace meses, luego de la queja el 13 de septiembre de 2023 de un grupo de vecinos ante el concilio por los movimientos de camiones descargando mercancía en la Iglesia, basura acumulada, así como por el accidente ocurrido el 21 de agosto de 2023 en el que uno de los camiones se impactó contra una casa derribando su cerco, lo que motivó al ayuntamiento a aplicar ordenanzas que no se habían implementado hasta ese momento, prohibiendo la entrada de camiones al lugar.
Castro, quien asumió los costos de reparación del cerco, fue notificado que a partir del 18 de septiembre de 2023 se empezarían a hacer cumplir los códigos de la ciudad, por lo que se aplicarían sanciones por la actividad de semirremolques en el lugar.
El comunicado del Instituto First Liberty expone que, a pesar de los esfuerzos de la iglesia por cumplir con las regulaciones, la ciudad ha aplicado medidas restrictivas, mientras ignora violaciones similares de otros negocios en la misma zona, obligando a la iglesia a suspender su ministerio mientras busca soluciones legales.
“La ciudad no ha hecho cumplir las mismas ordenanzas contra organizaciones seculares situadas de manera similar que también utilizan camiones semirremolque y almacenan alimentos en la misma zona residencial”, se indica.
La queja argumenta que este trato viola tanto las leyes federales como las estatales y busca poner fin a la persecución legal contra la iglesia, además de oponerse al requerimiento de la Ciudad de que la iglesia tramite un Permiso de Uso Condicional para retomar la operación del Ministerio de Alimentos.
